La Contraloría General de la República encontró un presunto detrimento patrimonial de $32.616 millones en la ejecución de la llamada Vía a la Prosperidad, originado en sobrecostos en el transporte del material requerido para la conformación de terraplenes, que afectaría el alcance físico de las obras.

"Se van construir solo 27 de los 52 kilómetros previstos, o sea un 48% menos", indicó el organismo de control.

“Claramente, hay incertidumbre sobre la terminación de este proyecto vial”, señaló el contralor Edgardo Maya Villazón lueego del informe de auditoría elaborado por la Contraloría Delegada de Infraestructura Física.

En el informe se señala que los sobrecostos en el transporte de material para el terraplén se dieron por escoger la cantera más lejana al proyecto, denominada Arroyo de Piedra. "Si la Gobernación del Magdalena hubiera actualizado los estudios del proyecto, habría tenido la posibilidad de contar con canteras más cercanas", se lee en el informe del ente de control.

Los estudios desactualizados que se utilizaron no tenían en cuenta la ubicación de esas canteras cercanas al proyecto. La Contraloría realizó análisis comparativos que determinaron que de haberse escogido las canteras más cercanas, se hubiera tenido un ahorro de $32.616 millones en el transporte de material. Este es el valor que se determinó como presunto detrimento al patrimonio del Estado.                                                 

La mayor parte de este detrimento se dio por el transporte de material de terraplenes naturales ($16.523 millones) y para el terraplén central ($9.505 millones).

La Gobernación del Magdalena optó también por el acarreo de material por vía fluvial, con el argumento de que salía más barato y resultó que en este caso se dio un sobrecosto de $2.457 millones, dado que la cantera utilizada como fuente de los materiales transportado estaba situada a una distancia considerable de 40 kilómetros. El sobrecosto por transporte de rajón fue aún mayor ($4.130 millones).

Hallazgos disciplinarios

La auditoría estableció además tres hallazgos con presunta incidencia disciplinaria:

El primero por la falta de planeación, que incluye la desactualización de estudios y diseños, la reducción que se ha dado en el alcance físico de las obras y la afectación presupuestal que han significado los mayores costos en el ítem de transporte de materiales.

El segundo por la falta de estudios previos correctamente estructurados por parte del Invías.

Y el tercero por fallas en la supervisión del contrato por parte del gestor técnico del proyecto.